Una procuración vulnerable

Hace unos días se habló sobre los delitos cibernéticos y su relación con el avance tecnológico. De manera general, se mencionó porqué causan una gran preocupación a nivel internacional y la implicación de estos delitos respecto a la identidad de los individuos.

Conforme datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, en México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, representando 70.1% de la población de seis años o más.

Por tanto, en México, al menos, poco más del 70% de la población desde los 6 años es propenso a ser víctima de delitos cibernéticos.

Ahora bien, se estima que el país cuenta con 86.5 millones de usuarios de teléfono celular, lo que representa el 75.1% de la población, dónde 9 de cada 10 usuarios disponen de un celular inteligente (Smartphone). Por otro lado, 43.0% de la población de 6 años o más es usuaria de computadora (49.4 millones). Esto nos brinda un amplio panorama de los dispositivos que proporcionan acceso a Internet.

Dentro de la Encuesta también se menciona que casi 60% de los niños entre los 6 a 11 años son usuarios activos de Internet. El 87.8 % de los adolescentes entre 12 y 17 años también son usuarios de internet, superados únicamente por los adultos jóvenes de 18 a 24 con un 91 por ciento.

Al paso de los años, en México, se ha presentado un gran incremento en los usuarios y, a la par, los delitos cibernéticos. Los daños que se pueden generar a distancia son enormes y aún no pueden ser medidos en su totalidad. Los avances tecnológicos se convierten en un arma de doble filo pues, son una gran fuente de información y comunicación que garantiza el cumplimiento y ejercicio de varios derechos como el de la educación, información, comunicación, libertad de expresión, entre otros; pero, al mismo tiempo, crea un nuevo espacio con necesidad de ser regulado.

Lamentablemente, parece que el Gobierno Mexicano no está completamente preparado para esta situación que asedia a los mexicanos, un 70% se encuentra activo en internet pero eso no implica que el otro 30% no pueda ser víctima.

De manera inmediata, el Gobierno de México ha llevado la tarea de investigar y adoptar oficialmente ocho tipos de acoso cibernético, identificados por Kowalski, los cuales consisten en:

  1. Insultos electrónicos, ofensas que algún o alguna usuaria hace a otra u otro.
  2. Hostigamiento, el envío de mensajes ofensivos de forma reiterada a una persona determinada por cualquier medio electrónico.
  3. Denigración, difusión de información despectiva o falsa de alguna persona, como es el caso de la publicación de fotografías alteradas.
  4. Suplantación, implica que el o la acosador se haga pasar por la víctima, puede ser utilizando la contraseña de acceso de sus cuentas online para enviar mensajes agresivos u ofensivos o terceras personas, entre otras cosas.
  5. Sonsacamiento, revelar información privada de la víctima que en un principio fue enviada por la víctima  de forma privada o sonsacada para después difundirla a otras personas sin permiso de la víctima.
  6. Exclusión, se realiza con la finalidad de excluirla o no dejarla participar.
  7. Ciberpersecución,  envío de comunicaciones electrónicas reiteradas hostigadoras y amenazantes.
  8. Happy slapping, una agresión física que se graba por algún medio digital para ser publicado en la red y sea público.

Comúnmente se hace referencia a la necesidad de denuncia y de ponerse en contacto con la Policía Cibernética para reportar éstos delitos o cuestiones de la índole que estén perjudicando a los ciudadanos. Por lo que se proporcionan líneas telefónicas, números de emergencia, denuncias digitales, e incluso un correo electrónico, en lo que la mayoría refiere al Estado y Ciudad de México, sin embargo ¿qué pasa con los demás Estados de la República?

Buscando dentro de las distintas páginas y cuentas que hacen poner a nuestra disposición, ninguna es realmente clara en cómo debe de presentarse alguna denuncia en cuestión de los delitos cibernéticos, incluso se observa que los sitios fueron actualizados hace años, que no se ha tenido actividad reciente o que varias de sus ligas se encuentran rotas, con cuentas inexistentes. Si bien, la naturaleza de éstos delitos es compleja, claramente frente a la información insuficiente o dañada se amplía el rango de impunidad.

Si se tiene entendido que poco más del 70% de la población de 6 años a más es usuario activo en internet, qué pasa con la necesidad de cumplir brindando información concreta a los ciudadanos sobre cómo y en dónde hacer una denuncia respectiva a un delito cibernético. Existe un portal actualizado de Gobierno de México sobre el ciberbullying, en donde se enfocan a las víctimas jóvenes, que sin embargo, aún carece de mucha información. Lo rescatable es el número de la Policía Cibernética Preventiva que parece estar actualizado el cual para el interior de la República es el siguiente: 01 (55) 1103600 ext. 29218, 29139, 29267.

Cuando se llama a la línea de atención de la Comisión Nacional de Seguridad (088), una de las referencias inmediatas cuando se habla de policía cibernética, las instrucciones son claras, “para denunciar alguna agresión cibernética e iniciar una carpeta de investigación se debe de ir directamente con el Ministerio Público y asegurar que se gire un oficio de coadyuvancia a la policía cibernética ya sea Estatal, que depende de dónde vives, o Nacional con la Guardia Nacional, es decir, con la Comisión Nacional de Seguridad”.

Por otro lado, existen asociaciones civiles como Alianza por la Seguridad en Internet (ASI http://asi-mexico.org/) en la que podemos denunciar contenido inapropiado o inadecuado que se encuentre en la red, exaltando la lucha contra ciberbullying, turismo infantil, pornografía infantil y lenocinio. Principalmente brindan ayuda y guía a jóvenes y niños víctimas de éstos delitos.

Sabemos que el sistema de investigación criminal y procuración de justicia no es el de una serie de televisión pero, ¿qué nos podemos esperar cuando las acciones delictivas superan la ficción? Es interesante cómo la policía cibernética, al ser un departamento especializado requiere de un pedimento especial para poder actuar sobre delitos, pareciendo actuar a petición de parte.

En este caso, para los que conocen de su existencia se convierte en un gran aliado, sin embargo, la pronta, diligente y exhaustiva investigación de un delito, es derecho de todos y cada uno de los individuos. La necesidad de profesionistas especializados y el desarrollo del tema únicamente se dará con el tiempo. Sin embargo, es necesario concientizar sobre la necesidad de regulaciones, protocolos y acciones que en lugar de responder a una agresión, prevengan su comisión.

La existencia de la tecnología ha implantado nuevas interrogantes en el funcionamiento de la sociedad. Existen incluso interrogantes sobre la privacidad, sería interesante, de la misma forma en la que se exige una investigación exhaustiva con los medios necesarios, identificar hasta dónde es posible hacerlo sin violar la privacidad en redes o dispositivos tecnológicos.

No se ha dado gran difusión a los delitos cibernéticos, no es porque no suceda, sino porque parece ser algo lejano. Lo cual parece absurdo, dada la inmersión de los dispositivos tecnológicos y medios de información y comunicación en la vida cotidiana.

No queda más que dejar esta información al alcance y concientizar sobre su difusión y la necesidad de ampliar éstas necesarias e indispensables células de investigación.

Por:  Ameyalli Amador

Abogada y politóloga egresada del Tecnológico de Monterrey, con especial enfoque a temas de equidad, bienestar y derechos humanos. Se ha desempeñado como asistente de investigación en materia de Estado de Derecho, ética y violencia de género, con especial interés en protección de grupos vulnerables y de descubrimiento de las nuevas vertientes del derecho cibernético. Busca la activa de distintas disciplinas para generar políticas de bienestar. En la actualidad tiene en desarrollo estudios sobre la pobreza, el género y la tecnología como un posible factor de riesgo en la violencia de género.

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