El Judicial cumplió, ¿y el Legislativo?

Como diría el salsero puertorriqueño Héctor Lavoe: todo tiene su final. Nada es para siempre. Esta semana, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le cortó al Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, las ilusiones de mantenerse en el cargo por cinco años.

En forma de resumen, esto pasó:

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la convocatoria para aquellas personas interesadas en participar en la renovación de la gubernatura de dicha entidad por un periodo de dos años.

Se inscribieron los participantes. Ocurrió la elección el domingo 9 de junio y los resultados preliminares arrojaron como ganador a Bonilla. Semanas más tarde, diversos partidos impugnaron los comicios bajo el pretexto de que el ganador incumplía los requisitos de nacionalidad y residencia para ocupar el cargo, además de reclamar ajustes en el cómputo de los votos.

El asunto llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ésta el 2 de octubre, por unanimidad, no sólo desechó los reclamos de los partidos, sino que confirmó el cómputo final de la elección y periodo de ejercicio del encargo por dos años.

Días después, el Congreso local aprobó una reforma a un artículo transitorio que ampliaba de dos a cinco años la gubernatura entrante. Sobra decir que esta adecuación se da bajo el pretexto de una “consulta ciudadana” en la que sólo participó el 1.9% del electorado que votó a favor de la ampliación.

En noviembre, Jaime Bonilla tomó protesta como Gobernador por cinco años. Partidos políticos impugnaron esa modificación legal y llegó a la SCJN quien, al final, resolvió a favor de la inconstitucionalidad.

La decisión tomada por la Corte deja, por lo menos para el que escribe este texto, tranquilidad de que la palabra del Máximo Tribunal del país es independiente y, al alejarse del juego político, fortalece su papel de contrapeso constitucional.

El mismo compromiso debe, ahora, jugar el Poder Legislativo ya que está en su cancha el nombramiento de cuatro vacantes en el Consejo General del INE. Por cierto, para evitar el “origen del mal” al que refiere el ex consejero presidente del otrora IFE en su libro Así lo viví, Luis Carlos Ugalde, se necesita replantearse el mecanismo de nombramiento de las y los consejeros de la autoridad administrativa electoral a fin de cortar de tajo las cuotas partidistas.

Mientras eso ocurre, las y los legisladores tienen en sus manos las fichas curriculares de mujeres y hombres que cuentan con una amplia trayectoria en la materia. Además de abrir más espacios para mujeres consejeras, se requiere apostarle a perfiles que conozcan el funcionamiento propio de la institución y aporten una visión garantista y maximizadora de los derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas y ciudadanía; que se inyecte innovación frente a los retos y exigencias que nos pone la realidad.

Para continuar con la autonomía institucional y seguir construyendo democracia, así como las reglas de juego, este espacio seguirá exigiendo al Legislativo estar a la altura de las decisiones como la que tomo la Corte esta semana.

Por: Raúl Ortiz

Soy comunicólogo egresado de la UNAM.
Si quieres conversar sobre política, elecciones y medios, te espero en Twitter en @duckiin.
Como buena tradición oaxaqueña, yo pongo el chocolate caliente y pan de yema o mezcal, dependiendo la hora. Te espero.

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